Lo más habitual en el momento de poner en alquiler un inmueble, es que el propietario contrate la gestión de una inmobiliaria. Para un alquiler seguro, una agencia o un personal shopper puede ser de mucho apoyo, ya que, acompaña y ayuda al propietario de inicio a fin. 

La inmobiliaria, se encarga de pedirle una serie de requisitos al posible inquilino, entre los que se encuentra cubrir los gastos de la inmobiliaria. Este gasto se basa en pagar el 10% de la anualidad de la renta del alquiler. 

Sin embargo, a partir del 26 de mayo de 2023, la aprobación de la nueva ley por el derecho a la vivienda (ley 12/2023) ha producido un cambio significativo al modificarse el artículo 20.1 de la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU) estableciéndose que: los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato de arrendamiento serán a cargo del arrendador (propietario). 

Es importante mencionar que si el inquilino es quien contrata a la agencia inmobiliaria otros servicios, como pueden ser la consultoría personalizada, asesoría legal u otros servicios que excedan la mera intermediación inmobiliaria, será éste (inquilino) quien debe pagar ese servicio extra que ha contratado al referido profesional.

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